Embarazo adolescente y maternidad forzada: ¿Dónde estamos parados?

Las instituciones de salud a nivel mundial consideran el embarazo en niñas y adolescentes como uno de los problemas de mayor gravedad para la población de mujeres en América Latina. El embarazo no deseado en mujeres menores de 20 años es un foco rojo en el desarrollo económico y social de las regiones de mayor pobreza en el continente, ya que tiene consecuencias directas en la salud física, mental y social de las adolescentes. Esto de acuerdo con cifras publicadas por el estudio de Vidas Robadas de la Federación Americana de Paternidad Planeada (PPFA, por sus siglas en inglés) en niñas de 14 a 19 años.

El impacto de este fenómeno social incluye cifras alarmantes como el alto riesgo de mortalidad materna, que en adolescentes y niñas es dos veces mayor al de mujeres más grandes. También se conoce que la población infantil y adolescente es más propensa a infecciones y enfermedades como la eclampsia; esto aunado a la tendencia de las niñas embarazadas a sufrir síntomas de depresión y en casos extremos, pensamientos de suicidio, durante el embarazo y el post parto.

El embarazo adolescente es consecuencia directa de las escasas políticas públicas de salud sexual y reproductiva que predominan en los países en vías de desarrollo, muchas mujeres jóvenes no tienen acceso a métodos de planificación familiar o de anticoncepción de emergencia, lo que las coloca en una posición de riesgo: frecuentemente, un embarazo adolescente desemboca en una maternidad forzada. Lo que contribuye a perpetuar la vulnerabilidad social de las mujeres, al disminuir sus posibilidades de acceder a educación y trabajo bien remunerado.

Una adolescente embarazada es propensa a ser víctima de un ciclo de pobreza que afecta tanto su calidad de vida como la de sus hijos e hijas. El panorama que se ofrece a una mujer en esta situación es de gravedad alarmante. Un problema de tan gran impacto para la vida de una adolescente no puede ser fácil de abordar. Quizás, la complicación más importante es el origen del problema.

Las maternidades forzadas están determinadas por la violencia, el machismo y la situación de desventaja que enfrentan las mujeres desde la infancia.

Tomemos la cifra que arroja el estudio de la PPFA, sobre el origen de los embarazos en niñas latinoamericanas: hasta el 90% de los embarazos en menores de 14 años son producto de relaciones sexuales no consentidas. Esto nos habla de la frecuencia con que las niñas provenientes de entornos de cierta marginalidad, son víctimas de violación. Recurrentemente el agresor es una persona cercana a la víctima: familiares cercanos y políticos, vecinos y amigos de la familia. Estas conclusiones son muy importantes a tomar en cuenta para el desarrollo de toda acción dirigida a erradicar los embarazos infantiles y adolescentes.

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Si bien, la maternidad forzada es un problema a gran escala en toda América Latina, el caso de México y del estado de Puebla es igual de complejo. Según cifras del INEGI, en 2015, el estado de Puebla tenía el 9° lugar nacional en embarazos de niñas y adolescentes, del total de nacimientos registrados en el estado, el 18.4% se presentó en madres menores de 20 años, esto representa 1 de cada 5 nacimientos en todo el estado. Este promedio que presentó Puebla, supera por mucho al promedio considerado por la Organización Mundial de la Salud (11%).

Para este 2018, la ciudad de Puebla capital ya alcanzó el primer lugar en embarazos de madres con edades entre los 10 y 14 años. Tan sólo en Puebla capital, 165 de los nacimientos registrados (de un global de 5,266) fueron alumbramientos de mujeres en la adolescencia.

El apoyo gubernamental es crucial para disminuir los embarazos en poblaciones adolescentes; sin embargo, es un recurso insuficiente. Las carencias de las políticas públicas están registradas por organizaciones sociales y activistas, para las cuales, la maternidad forzada es un problema de salud pública que no ha sido atendido por completo, a pesar de que se han tenido avances a nivel legislativo.

Las mujeres siguen topándose con trabas al ejercer su derecho a la libre elección sobre su cuerpo. Frecuentemente, instituciones jurídicas y de salud desconocen el marco jurídico y los protocolos establecidos para la atención de casos de embrazo adolescente. Este desconocimiento se refleja en el tratamiento inadecuado que reciben las víctimas, tanto en el aspecto médico como en el jurídico. Las mujeres que buscan acercarse a las instancias de atención son revictimizadas y reciben negativas ante sus necesidades, lo que imposibilita que reciban un tratamiento oportuno y se lleve a cabo la interrupción del embarazo.

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La situación que predomina en el estado de Puebla es tan solo un vistazo al problema a nivel mundial que urge atender desde todas las aristas posibles: programas de salud sexual y reproductiva, políticas públicas de apoyo a las mujeres jóvenes en situación vulnerable, estrategias de concientización respecto a la paternidad planificada y un mejor acceso a los servicios de salud para niñas y adolescentes.

La atención a un problema tan complejo debe dar cabida a todos los actores posibles, tanto gubernamentales como grupos que surgen de la sociedad civil: activistas y agrupaciones sin fines de lucro que ofrecen orientación, asesoría y acompañamiento integral.

Ante una problemática provocada por factores diversos, se requiere una atención igualmente extensa y constante.

Si te interesa conocer más al respecto, puedes encontrar información más detallada en nuestras fuentes:

Casas, X., Cabrera, Ó.,Reingold, R., & Grossman, D.. (2015). Vidas Robadas: Un estudio multipaís sobre los efectos en la salud de las maternidades forzadas en niñas de 9–14 años. -, de Planned Parenthood Sitio web: https://bit.ly/2vAv42B

Llaven, Y.. (2018). Embarazos de niñas: Ciudad de Puebla. Primer lugar nacional, señala Instituto Municipal de las Mujeres. La Jornada de Oriente, Sitio web: https://bit.ly/2K4t4CG

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